Si la asamblea de propietarios, el día de mañana, modifica la destinación de la propiedad horizontal, y se transforma de residencial a naturaleza mixta, en ese momento, a ese propietario que es Revisor Fiscal, le nace incompatibilidad y no podría seguir ejerciendo.

La Ley 675 del 2001, en su artículo 46, sobre Revisoría Fiscal, afirma que en las propiedades horizontales residenciales el Revisor Fiscal puede ser un propietario o un arrendatario, aspecto diferente en una propiedad horizontal mixta o comercial donde no puede ser ni propietario ni arrendatario.

De manera que si el revisor fiscal es propietario y la P.H. donde vive es residencial no hay problema. El inconveniente se presenta si es netamente residencial y se le está dando un uso distinto a lo establecido en los estatutos.

Si la asamblea de propietarios decidió que el edificio, condominio o conjunto residencial es netamente residencial, y una persona destina su inmueble como oficina, en un 100%, le está dando un uso comercial. El problema aquí ya no es en su labor como Revisor Fiscal, sino que se está afectando a la P.H. dándole un uso distinto al autorizado en los estatutos.

No se habla de ningún tipo de inhabilidad, porque sigue siendo de naturaleza residencial y la persona puede ejercer como Revisor Fiscal. Es diferente si la persona usa el apartamento para vivir y destina una habitación como oficina. El problema es cuando se le da un uso completo.

El problema es que la asamblea de propietarios podría, el día de mañana, modificar el destino de la propiedad horizontal, y decir que ya no es residencial sino de naturaleza mixta, y en ese momento le nace a esa persona la incompatibilidad y no podría seguir ejerciendo la Revisoría Fiscal.

La Ley 675 del 2001 cita:

Artículo 56. Obligatoriedad. <Expresión inexequible por la Sentencia C-670 de 20-08-2002 >Los conjuntos de uso comercial o mixto, estarán obligados a contar con Revisor Fiscal, contador público titulado, con matrícula profesional vigente e inscrito a la Junta Central de Contadores, elegido por la asamblea general de propietarios.

El Revisor Fiscal no podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio o conjunto respecto del cual cumple sus funciones, ni tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni vínculos comerciales, o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones, con el administrador y/o los miembros del consejo de administración, cuando exista.

Los edificios o conjuntos de uso residencial, podrán contar con Revisor fiscal, si así lo decide la asamblea general de propietarios. En este caso, el Revisor Fiscal podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio o conjunto.

Edificios o conjuntos obligados a tener Revisor Fiscal

Será obligatorio en los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, sin importar el número de inmuebles privados que tenga, o por ejemplo, que la mayoría sean de vivienda y unos pocos corresponden a uso comercial. Por el sólo hecho de ser mixto ya es obligatorio tener Revisor Fiscal.

Artículo 56 Ley 675 del 2001: “Los conjuntos de uso comercial o mixto estarán obligados a contar con Revisor Fiscal…”

Casos en que es potestativo nombrar Revisor Fiscal

En los edificios o conjuntos exclusivamente residenciales es potestativo nombrar Revisor Fiscal.

Artículo 56 Ley 675 de 2001: “… Los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con Revisor Fiscal, si así lo decide la asamblea general de propietarios…”

Fuente: http://actualice.se/8kdx

El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la asamblea

La superintendencia de Sociedades en el año de 1994 expidió el Oficio 220–1999 del año 1994, en el cual expresó puntualmente que de acuerdo con el artículo 213 del Código de Comercio que plantea el derecho de intervención del Revisor Fiscal en la asamblea y derecho de inspección:

El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la asamblea o de la junta de socios, y en las de juntas directivas o consejos de administración, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado a estas. Tendrá asimismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de las cuentas demás papeles de la sociedad.

Ahora bien, tratándose de asambleas la superintendencia de sociedades dice y asegura en el oficio ya mencionado que el revisor fiscal puede incluso firmar las actas de reunión de la Asamblea.

Entonces, según lo anterior sería un contrasentido citar al revisor fiscal a la reunión y no permitir que pueda tomar apuntes, hacer uso de su opinión e intervención o peor aún que tenga que pedir autorización para grabar o filmar la reunión o asamblea, este soporte audiovisual puede hacer parte de sus papeles de trabajo, y complemento para sus labores.

Fuente: http://actualice.se/8k7c

Los artículos 35 al 40 de la Ley 43 de 1990 junto al Decreto 302 de 2015 aplican al contador público o al estudiante que ejercerá como auxiliar del revisor fiscal. Son aplicables todas las responsabilidades.

Brevemente respondamos la siguiente inquietud. ¿Cuáles son las obligaciones de los contadores públicos que actúan como auxiliares del revisor fiscal?

El Código de Comercio estipula que el revisor fiscal puede tener auxiliares, por lo tanto estos deben ser contadores públicos. Bajo esta premisa, todas las normas que rigen a la Revisoría Fiscal le son aplicables al contador público o al estudiante que ejercerá como auxiliar del revisor fiscal, al igual que las sanciones, prohibiciones y limitaciones; todas las responsabilidades.

El revisor fiscal debe ser muy claro en que esa persona debe observar permanentemente el Código de Ética Profesional, conocido ahora como las NIA, adopción que hizo el Gobierno con el Decreto 302 del 2015, se le plantea que en consonancia con el Código de Ética Profesional, establecido con los artículos 35 al 40 de la Ley 43 de 1990, donde se estipula que el principio fundamental y puntual del contador público es la consciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental; esto es lo que constituye su esencia espiritual.

Por lo tanto, la normatividad no solo aplica para el revisor fiscal o los contadores públicos que se desempeñan como revisores fiscales, sino para los auxiliares de estos. Hay que tener claro que el ejercicio de la Contaduría Pública implica una función social a través de dar Fe Pública, y se otorga en beneficio del orden y la seguridad.

La Ley 43 de 1990, en sus artículos 35 al 40, plantea los principios básicos que deben regir al contador público (sea revisor fiscal principal, suplente, o auxiliar de Revisoría Fiscal): integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observancia de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y la conducta ética como el patrón de sus actos.

En consecuencia, se deben observar tanto las disposiciones de la Ley 43 de 1990 que no ha sido derogada, y observar la nueva redacción y consideraciones que se hacen en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, como lo llama el Decreto 302 del 2015.

Fuente: http://actualice.se/8kaw

Si su fuerte es la Auditoría Forense seguramente habrá escuchado sobre este término. Si la respuesta es no, aquí le explicamos en qué consiste, para qué sirve, cómo se aplica y los beneficios que podría obtener.

El término e-Discovery es la instancia en una litigación previa a un juicio, en la cual las partes intercambian información que pueda resultar relevante para reclamos o defensas que han sido interpuestas. Quiere decir esto que recopilan para su propia estrategia los elementos probatorios e intentan tener todo tipo de información que puede llegar a ser utilizada por la contraparte.

¿Qué es?

Es una etapa de descubrimiento electrónico en la que se busca, localiza y asegura información electrónica con el propósito de ser usada como evidencia, ya sea que se trate de un caso legal que tramite en el ámbito Civil o Penal, o bien de temas relacionados con el cumplimiento de regulaciones y normas.

Esta etapa, evita que las partes se vean sorprendidas y consecuentemente afectadas por falta de conocimiento de pruebas propias y de su adversario, así como también impide la producción de pruebas improcedentes o superfluas y sobre hechos que luego resultasen inconducentes o irrelevantes.

El formato de la información

Todos los tipos de datos pueden servir como evidencia. Esto incluye texto, imágenes, calendarios, bases de datos, planillas de cálculo, archivos de audio, páginas web, programas de computación, e-mails, entre otros.

El correo electrónico puede ser una fuente valiosa de evidencia en casos legales civiles o criminales, ya que reemplaza tanto comunicaciones tradicionalmente realizadas en papel, como notas escritas, memos, cartas postales, así como también intercambios informales que en el pasado no se encontraban documentados en su totalidad, como llamadas telefónicas.

Soluciones e-Discovery

Una solución e-Discovery permite a los clientes relacionarse con un modelo proactivo que ofrece menores costos, reduce los riesgos y aumenta la capacidad de respuesta a los eventos de litigios actuales y futuros.

Las organizaciones pueden optar por aplicaciones de software que funcionan en conjunto para proteger y resguardar la información, así como para dar cumplimiento a los estándares establecidos por el Modelo de Referencia de Descubrimiento Electrónico (EDRM) cuyas áreas claves son: recolección, conservación, procesamiento, revisión, análisis y producción de datos.

Beneficios

Para el Instituto de Auditores Internos de Argentina entre los principales beneficios se pueden nombrar:

• Mayor capacidad de respuesta a requerimientos legales, rápida búsqueda y recuperación de datos.
• Menores costos de descubrimiento legal, automatizando recopilaciones de datos.
• Administración de contenido, que optimiza las instancias de búsqueda de información mediante métodos de indexación o utilización de palabras claves.
• Protección y resguardo de la información.
• Base flexible, que permite adaptarse a nuevas regulaciones y tipo de contenido archivado.

Los riesgos de no conocer el e-Discovery

Carlos S. Álvarez en El Tiempo asegura que si un abogado o un auditor no tiene experiencia y conocimiento en temas de e-Discovery, seguramente generará en su cliente costos que serán simplemente intolerables o, por desconocimiento, permitirle la eliminación o modificación de documentos relevantes que debieron ser guardados, con la consecuente imposición de las sanciones respectivas.

“Por otro lado, en los países latinos suele ocurrir que los abogados litigantes son informados informal y anticipadamente por sus amigos secretarios de juzgado o, en algunos casos, por los mismos jueces, acerca de la existencia de demandas en contra de sus clientes, o de procedimientos judiciales de índole probatorio en contra de ellos. Y así, esos grandes litigantes consiguen enviar, no las preservation letters de los demandantes en Estados Unidos, sino órdenes de destrucción para que sus clientes se deshagan de absolutamente todas las pruebas que tengan y que puedan comprometer su responsabilidad”, asegura Álvarez.

Fuente:http://actualice.se/8jyl

Para las personas de libre nombramiento y remoción, que no tienen una tarifa mínima legal establecida, la Asamblea tiene libertad absoluta de fijar honorarios e incrementos, y determinar desde cuándo se aplican.

Veamos el siguiente caso. El presupuesto es aprobado en marzo por la Asamblea de Propietarios. Al Revisor Fiscal le pagan $540.000 hasta febrero, pero la Asamblea aprueba incrementar a $568.000 desde enero con retroactividad. ¿Es legal dicho retroactivo?

Sí es legal. Hay que recordar que la Asamblea de Propietarios es el máximo órgano social y por consiguiente durante los tres primeros meses de cada año, a más tardar el primer día hábil del cuarto mes, debe aprobar el presupuesto de todos los gastos correspondientes a todo el año.

Hay unos gastos que ya se han venido causando porque se vienen pagando, como los honorarios del administrador, del contador público si lo hay, del revisor fiscal, del personal directo que se tenga contratado, y de servicios públicos.

En el caso de los honorarios, es común que la Asamblea cuando aprueba lo hace por todo el año y a un valor igual. En este punto nace el derecho de retroactividad para personas como el Administrador y el Revisor Fiscal; sin embargo, la retroactividad no es obligatoria.

La asamblea puede, perfectamente, decir que el Administrador tendrá un incremento determinado al igual que el Revisor Fiscal, pero también podría afirmar que el incremento se podría dar a partir del mes de abril. La disposición de la forma, la cuantía y retroactividad de pagos lo decide de manera libre y voluntaria la Asamblea de Propietarios.

Para estas personas de libre nombramiento y remoción, para quienes no hay una tarifa mínima legal establecida, la Asamblea tiene la libertad absoluta de fijar honorarios e incrementos. También determinar desde cuándo se aplican, si desde el momento de la aprobación o desde un mes en adelante, dos meses o con una retroactividad.

Fuente: http://actualice.se/8jym

Código de Comercio se pronuncia frente a la permanencia del Revisor Fiscal desde su elección en la asamblea ordinaria hasta la siguiente asamblea.

Con base en el artículo 206 del Código de Comercio se puede decir que no es necesario que el revisor fiscal se mantenga hasta la próxima asamblea ordinaria, ya que puntualmente el artículo mencionado, estipula:

En las sociedades donde funcione junta directiva, el período del revisor fiscal será igual al de aquella, pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la mitad más una de las acciones presentes en la reunión..

Lo que le garantiza al Revisor Fiscal su permanencia es que su labor sea acorde a las funciones que debe desempeñar estipuladas en el artículo 207 del Código de Comercio:

1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.

2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.

4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y por que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.

6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.

7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

8) Convocar a la Asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.

9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o Junta de socios.

Parágrafo. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos.

Y que dichas funciones sean realizadas también con base en el código de ética según la Ley 43 de 1990, ya que para la remoción del Revisor Fiscal debe existir un motivo razonable por el cual la Asamblea decida reemplazarlo.

Fuente: http://actualice.se/8jyn

La gestión de riesgos es el acto de diligenciar una posible contingencia o proximidad de un suceso que se busca manejar a través del Control Interno, herramienta que hace posible la comprobación, inspección, fiscalización e intervención de dicho suceso.

Las personas creen estar seguras de las implicaciones  del riesgo, y afirman que es un perjuicio para la empresa. La IFAC (en inglés International Federation of Accountants; Federación Internacional de Contadores Públicos –en español) define la gestión del riesgo como la actividad que prevé situaciones positivas o negativas que  enfrentan las entidades en su entorno interno o externo., describen las situaciones positivas como oportunidades y las negativas como amenazas.

Las organizaciones siempre se enfrentarán a riesgos que posiblemente cambiarían planes, estrategias y objetivos; de ahí, la importancia del control interno.

El control interno es definido en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315, como el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad, a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Aún así, siendo la entidad responsable del Control Interno, el auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material,  fraude o el error, evaluando, revisando y controlando procesos, además de velar por el cumplimiento de políticas y procesos internos determinando áreas de riesgo, lo cual exige enfoque en auditoría interna.

La auditoría interna es voluntaria por parte de la administración de la empresa, cuya función es aplicar el Control Interno y asesorar a la entidad en las soluciones a las posibles falencias con un documento como la carta de recomendaciones.

¿Por qué y cómo aplicar el Control Interno?

El control interno, como herramienta que coadyuva en la identificación del riesgo,  debe dar seguridad razonable. de los hechos económicos y sucesos empresariales, así mismo evitar el fraude o identificar errores que conllevan, en caso de auditoría externa a un dictamen con salvedades.

Para aplicar el Control Interno se debe:

• Identificar riesgos.
• Reconocer las áreas de posible riesgo.
• Realizar valoración de riesgos.
• Documentarse sobre dichos riesgos.
• Planificar posibles soluciones.
• Realizar la carta de recomendaciones.

La carta de recomendaciones es netamente crítica y enmarca los errores que presenta la empresa, las áreas de mayor riesgo o grandes probabilidades de fraude, y en ella se exponen las posibles soluciones.

Como ejemplo, supongamos que el auditor quiere conocer los procesos de cómo se hacen las compras en dicha entidad; el auditor podría, según su criterio, hacer diversas preguntas:

1. Cómo seleccionan los proveedores.
2. Cuáles compras son las más comunes.
3. Qué cantidad de cierto producto es frecuente su compra, y de qué depende dicha cantidad.

De acuerdo con lo anterior, el auditor podrá deducir si los proveedores son seleccionados de acuerdo con los procesos estipulados por la empresa o realmente se eligen por conveniencia de algún empleado que participa en dicho procedimiento causando un conflicto de intereses, que sobra decir podría ser carente de ética y motivo de riesgo.

También puede realizar un muestreo con el inventario a través del cual  identifica que la mercancía adquirida, realmente entró en el  almacén, pues, siempre debe tener un proceso de recibido o de ingreso.

En la actualidad, el auditor en el Control Interno debe aplicar las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) complementadas con el informe COSO, el COBIT y el MECI.

En lo que respecta a las Normas Internacionales de Auditoría, las que más le conciernen al Control Interno son:

NIA 240: responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude.

NIA 265: comunicación de las deficiencias en el Control Interno a los responsables de gobierno y a la dirección de la entidad.

NIA 300: planificación de la auditoría de estados financieros.

NIA 315: identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno.

NIA 330: respuestas del auditor a los riesgos valorados.

Según la IFAC y como conclusión de la gestión de riesgos y del control interno podríamos decir que éstos ayudan a las empresas a la toma de decisiones y a guiar a la empresa por medio de procesos que deben cumplir los empleados para el logro de ciertos objetivos, además de la prevención de fraudes y/o errores.

 Fuente: http://actualice.se/8jvm